Polémica en Mar Chiquita: Concejal Bussetti declarado "persona no grata" tras polémica con cartel

El Concejo Deliberante de Mar Chiquita aprobó ayer por mayoría la declaración de "persona no grata" al concejal Julián Bussetti (Vamos Juntos), luego de que este colocara un cartel con la leyenda "Monumento a la corrupción" junto a una escultura del expresidente Néstor Kirchner en el sector costero de la localidad. La decisión fue impulsada por el bloque de Unión por la Patria, que ostenta la mayoría en el cuerpo legislativo.

Bussetti, conocido por su estilo provocador y activo en redes sociales, reaccionó con ironía ante la resolución. A través de su cuenta de X (ex Twitter), escribió: "Urgente: soy persona no grata. Así me declararon los 'kukas' en el Concejo Deliberante de Mar Chiquita. ¿El motivo? No les gustó que diga lo que pienso: que Néstor Kirchner fue un chorro".

La instalación del cartel generó un fuerte rechazo entre los concejales oficialistas, quienes consideraron el acto como una falta de respeto hacia la memoria de Kirchner y un atentado contra el patrimonio público. Por su parte, Bussetti defendió su acción como una expresión legítima de su opinión política.

Este incidente se suma a una serie de controversias en las que el concejal ha estado involucrado, incluyendo acusaciones de apropiación indebida de la marca "Fiesta de la Medialuna" y su apoyo a proyectos cuestionados por organizaciones de derechos humanos, como la instalación de una microdestilería en terrenos cercanos al Faro de Mar del Plata, que fueron utilizados como centro clandestino de detención durante la dictadura.

La declaración de "persona no grata" es una figura simbólica que no conlleva sanciones legales, pero refleja el profundo malestar generado por las acciones de Bussetti en la comunidad política de Mar Chiquita. El concejal, por su parte, ha manifestado que continuará ejerciendo su labor legislativa con la misma postura crítica y confrontativa que lo caracteriza.

La situación pone de relieve la creciente polarización política en la región y plantea interrogantes sobre los límites de la libertad de expresión y el respeto institucional en el ámbito legislativo local.