Inseguridad bonaerense: la libertad avanza exige que Javier Alonso dé explicaciones ante la legislatura

La inseguridad volvió a instalarse en el centro de la discusión política bonaerense y, esta vez, La Libertad Avanza decidió llevar el reclamo directamente a la Legislatura. El espacio presentó un pedido para que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, comparezca ante ambas Cámaras y explique qué está haciendo el gobierno de Axel Kicillof frente a una crisis que, según la oposición, ya resulta “desesperante”.

El planteo llega después de una sucesión de episodios violentos registrados en distintos puntos del conurbano y en medio de la polémica generada por la suspensión por 60 días del Régimen Penal Juvenil provincial, dispuesta por la jueza Marta Elba Pascual. Un escenario que volvió a poner sobre la mesa una discusión que la política bonaerense arrastra desde hace años: qué estrategia tiene la Provincia para combatir el delito y, fundamentalmente, con qué información toma decisiones.

Desde La Libertad Avanza apuntaron directamente contra la gestión de Alonso y reclamaron que el funcionario concurra a la Legislatura para brindar respuestas concretas sobre las medidas implementadas, los recursos disponibles y los resultados obtenidos.

“El ministro Alonso debe dar explicaciones”, sostuvo Sebastián Pareja, presidente del bloque de LLA en la Provincia, quien cuestionó especialmente la ausencia de información pública vinculada al funcionamiento de la estructura policial.

“Sabemos que en la Provincia no existen datos, no hay estadísticas sobre el personal, rutas de patrullaje, siquiera un mapa del delito actualizado y accesible”, afirmó.

El cuestionamiento no es menor. En materia de seguridad, conocer dónde, cuándo y cómo se producen los delitos debería ser una herramienta básica para definir políticas públicas. Sin estadísticas confiables, mapas actualizados y una distribución clara de los recursos policiales, la planificación corre el riesgo de convertirse en una sucesión de respuestas improvisadas frente a hechos que ya ocurrieron.

Pareja también apuntó contra lo que definió como “una mirada garantista” sobre la seguridad y vinculó esa concepción con la situación actual.

“Ni hablar del daño que hizo una mirada garantista de la seguridad y de lo que vivimos estos días”, sostuvo el dirigente libertario.

Desde LLA consideran que el Estado bonaerense debe recuperar capacidad de prevención y reacción y plantearon una frase que sintetiza buena parte de su crítica: “El delincuente no puede conocer mejor el territorio que la Policía”.

El reclamo libertario pone nuevamente bajo presión al Ministerio de Seguridad provincial y obliga al oficialismo a responder una pregunta incómoda: ¿cuánto sabe realmente el Estado bonaerense sobre el delito que pretende combatir?

Porque más allá de las discusiones ideológicas, de las declaraciones cruzadas y de las disputas políticas, la inseguridad se mide en hechos concretos. Y cuando los vecinos sienten que el Estado llega tarde, que la prevención no alcanza o que las respuestas dependen de la gravedad del episodio ocurrido, el problema deja de ser una discusión estadística y se transforma en una crisis de confianza.

Ahora la pelota está en la cancha de la Legislatura. La oposición quiere que Alonso se siente frente a los legisladores y explique qué diagnóstico tiene la Provincia, cómo distribuye sus recursos, dónde patrulla la Policía y cuál es el plan para recuperar el control territorial.

La seguridad no admite relatos: necesita información, planificación, presencia policial y resultados. Y si el propio Estado no puede mostrar con claridad dónde está el delito y cómo utiliza sus recursos para combatirlo, el reclamo de explicaciones deja de ser solamente político y pasa a ser una demanda básica de la sociedad.