Casi un 20% de los jubilados aplicó su propia reforma jubilatoria y laboral: seguir trabajando

El 17,1% de los adultos en edad jubilatoria sigue trabajando y la prolongación de la actividad laboral se concentra en la franja de 60 a 74 años, según el dosier estadístico que publicó el INDEC.

La jubilación es un derecho adquirido, pero no garantiza condiciones económicas dignas.

Así también, los menos, están quienes toman la decisión de seguir trabajando porque les da placer, les mantiene la rutina y les permite sentirse útiles.

Los motivos de estirar el rol activo aun despúes de efectivizarse el cambio de status previsional suele deberse a la necesidad económica, a la desigualdad de género y la discriminación de la sociedad por edadismo.

En el caso de los 4,5 millones de jubilados que cobraron en septiembre el haber mínimo de $ 390.214, con bono incluido, aquellos que no cuentan con ayuda familiar o ahorros, ese dinero apenas cubre la tercera parte del costo de una canasta básica que releva la Defensoría de la Tercera Edad, que en octubre alcanzó los $ 1.514.074.

La misma situación atraviesan los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) y los que perciben pensiones no contributivas, que el mes pasado cobraron 326.222 pesos, con el bono de 70.000 pesos incluido.

Sin importar el estado físico, psicológico o de salud en que transiten esa etapa de la vida, no tienen otra opción que continuar ocupados, aunque sea en modo precario, para poder afrontar los $ 402.880 que la canasta específica estiman en medicamentos; $ 348.000 en gastos de alimentación y $ 107.444 en limpieza.

Aquellos que no tienen vivienda, la estadística les asigna un costo adicional de $ 294.000 más.

La encuesta se lleva a cabo trimestralmente en la CABA, el conurbano bonaerense y en las ciudades de Mendoza, Córdoba y Rosario.

El porcentaje de jubilados pobres se ha duplicado en un año, llegando a casi el 30% en el primer semestre de 2024, según Statista.

Precarización laboral

Los jubilados son, asimismo, carne de cañón para la economía informal, en franca expansión. En el segundo trimestre asciendía al 43,2 %.

La crisis de ingresos y la creación de puestos de trabajo precario constituyen la reforma laboral ad hoc que el Gobierno de Javier Milei construyó por fuera del Congreso.

Esperan los resultados electorales varios proyectos de ley para ser tratados por el nuevo Congreso que proponen cambios, incluyendo la gradual elevación de la edad jubilatoria a 70 años para todos en 2030 y la creación de una Prestación Básica Universal (PBU) y una Prestación Proporcional (PP).

También se busca eliminar el requisito de 30 años de aportes para acceder a la PBU y se prevén ajustes en la movilidad de los haberes.

El sistema previsional de reparto fue diseñado para una época en la que la expectativa de vida era mucho menor.

Hoy llega casi hasta los 80 años, en un contexto en el cual el equilibrio entre aportantes y beneficiarios está quebrado.

El resultado es un sistema deficitario, con jubilaciones bajas y alta demanda de salud pública.

Actualmente, uno de cada diez adultos mayores carece de cobertura previsional y, entre quienes acceden a una jubilación, los haberes resultan insuficientes para cubrir el costo de vida.

A eso se suma una brecha de género persistente: las mujeres perciben, en promedio, un 27% menos que los varones.

Las reformas estructurales que se ciernen en el horizonte abarcan los frentes impositivo, laboral y previsional, pilares sobre los que se apoya el estímulo fiscal a las inversiones contenido en el RIGI, que no termina de arrancar.

Sin inversiones y empleo formal no se podrá aumentar la base de aportes.

Pero a la vez el proceso debería ir acompañado de una simplificación de las leyes laborales que reduzca la informalidad.