La Justicia ordena freno a operativos violentos de la Patrulla Municipal contra personas en situación de calle
Tapia fundamentó su resolución en “una acumulación de testimonios que han referenciado el modo violento” en cómo ciertos agentes municipales actuaron, principalmente durante operativos nocturnos contra personas sin domicilio fijo.
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El Juzgado de Garantías N° 4, a cargo del juez Juan Tapia, dictó una medida judicial que prohíbe a la Patrulla Municipal realizar operativos “que impliquen violencia física o verbal” contra personas en situación de calle, tras hacer lugar a un hábeas corpus preventivo presentado en enero por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Orden judicial y alcance
El fallo obliga al Ejecutivo local a suspender “todo despliegue de operativos … que impliquen violencia física o verbal, como así también la sustracción de documentos u objetos personales” y exige que se garantice el respeto a la vida, integridad física y psíquica, libertad y dignidad de este colectivo vulnerable
Fundamentos del juez Tapia
Tapia fundamentó su resolución en “una acumulación de testimonios que han referenciado el modo violento” en cómo ciertos agentes municipales actuaron, principalmente durante operativos nocturnos contra personas sin domicilio fijo, lo que imposibilita luego la presentación de denuncias.
El magistrado agregó que la CPM había acreditado “prácticas violentas” que suponen “un riesgo grave y concreto a la libertad, integridad física y dignidad” de quienes tienen como única vivienda la vía pública.
Contexto de reclamos anteriores
La decisión judicial llega en el marco de denuncias previas de la CPM que hablaban de "sistemática violencia estatal” por parte de la Patrulla Municipal, con testimonios de agresiones físicas, sustracción de pertenencias y uso de vehículos sin patente por parte de agentes encapuchados
Testimonios recabados incluyeron relatos de violencia, cacheos, detenciones arbitrarias y hostigamiento contra personas en situación de calle, trapitos y cuidacoches, en operativos nocturnos considerados ilegales.
.Roberto Cipriano García, secretario general de la CPM, declaró:“Hay mucha evidencia aportada en la causa donde se ve a agentes de la Patrulla Municipal desplegando prácticas ilegales”.
Reacción oficial
El intendente Guillermo Montenegro se defendió de las acusaciones, afirmando que sus acciones buscan “cuidar a los marplatenses” y cuestionó a la CPM, acusándola de estar “financiada por la provincia” y de proteger a “chorros”.
Sin embargo, el juez Tapia reconoce el rol legítimo del municipio en controlar el espacio público, pero enfatiza que estos operativos deben realizarse sin violencia institucional.
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