Polémica decisión en la Comisión de Movilidad Urbana: Se delega al intendente Montenegro la facultad de fijar tarifas de transporte público

Oficialismo avanza con propuesta mientras oposición expresa rechazo ante posible aumento del boleto


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Este lunes, la Comisión de Movilidad Urbana presenció un intenso debate que culminó en la aprobación de un dictamen, propuesto por el oficialismo, para otorgar al intendente Guillermo Montenegro la potestad de establecer las tarifas del transporte público de pasajeros hasta el 31 de diciembre de 2024. La medida, que fue recibida con rechazo por parte de la oposición, marca un giro significativo en la dinámica de decisión sobre el costo del transporte en la ciudad.

Según lo establecido, la ordenanza se someterá a sanción este jueves, planteando un escenario de incertidumbre y preocupación entre los ciudadanos ante la posibilidad de un aumento considerable en el valor del boleto. Un reciente informe técnico proyectó que el precio podría alcanzar la cifra alarmante de $912, lo que generó un fuerte malestar en la población.

Este movimiento resulta controvertido, dado que la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) estipula que el Concejo Deliberante es el órgano responsable de fijar las tarifas del transporte público dentro del ámbito municipal. Sin embargo, el Ejecutivo parece estar retomando una atribución que había sido cuestionada en el pasado, puesto que durante todo el primer mandato de Montenegro, esta facultad estuvo en manos del gobierno local.

Ante este panorama, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras los sectores afines al oficialismo defienden la medida como necesaria para garantizar una gestión eficiente del transporte, la oposición la critica vehementemente, argumentando que esta concentración de poder en manos del intendente puede llevar a decisiones arbitrarias y desvinculadas de las necesidades reales de los usuarios.

La discusión sobre el control de las tarifas del transporte público en Mar del Plata promete continuar, en un contexto donde la ciudadanía demanda transparencia, participación y consideración de sus intereses en las decisiones que afectan su movilidad y su economía diaria.

 

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