En un intento por fortalecer las medidas correctivas y de concientización en materia de tránsito, el senador marplatense Ariel Bordaisco presentó un innovador proyecto de ley ante la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. La propuesta busca ampliar el espectro de sanciones estipuladas por la Ley 13.927, que rige los castigos por infracciones de tránsito, introduciendo el trabajo comunitario no remunerado como una opción viable.
El proyecto de Bordaisco propone que, además de las sanciones ya existentes como el arresto, la inhabilitación para conducir y las multas, se pueda incorporar la realización de tareas comunitarias y programas de concientización. Específicamente, sugiere que los jueces tengan la capacidad de asignar entre 2 y 20 horas de trabajo comunitario a los infractores, en función de la naturaleza y gravedad de la falta cometida.
"Este enfoque no solo busca castigar, sino educar y reintegrar al infractor a la comunidad, haciéndolo partícipe activo en la reparación del daño social que su conducta pudo haber causado", señaló Bordaisco durante la presentación del proyecto. Además, el senador destacó que el trabajo comunitario impuesto deberá ser proporcionado y ajustarse a la gravedad de la infracción, reflejando un equilibrio justo entre castigo y oportunidad educativa.
La propuesta también permite que la persona acusada pueda solicitar al juez la aplicación de esta modalidad de sanción. El juez, por su parte, deberá evaluar la petición considerando diversos factores como la personalidad del infractor, sus antecedentes, y las circunstancias específicas que llevaron a la comisión del acto. La decisión deberá ser debidamente fundamentada, ya sea para aprobar o rechazar la solicitud.
El proyecto ha generado expectativas entre los defensores de un sistema de sanciones más educativo y reparador, que consideran que medidas como estas pueden contribuir significativamente a la prevención de futuras infracciones y a fomentar una mayor responsabilidad ciudadana en el uso de la vía pública.
Sin embargo, también ha despertado ciertas reservas entre quienes cuestionan la efectividad del trabajo comunitario como herramienta de disuasión o su implementación práctica. La discusión sobre este tema promete ser profunda y reveladora respecto a la dirección futura de las políticas de tránsito en la provincia.
La Legislatura bonaerense ahora tiene la tarea de debatir este proyecto, cuya aceptación podría marcar un precedente importante en el manejo de las infracciones de tránsito y la política de sanciones en Argentina.
