En las últimas horas, el presidente electo Javier Milei ha generado un revuelo considerable al expresar sus opiniones sobre dos temas cruciales para la economía del país: la Ley de Alquileres y la reforma fiscal. Sus declaraciones, realizadas en una entrevista radial, han puesto de manifiesto su enfoque audaz y su determinación para llevar a cabo cambios significativos.
En relación a la Ley de Alquileres, Milei no dudó en afirmar que la misma debería ser derogada. En sus palabras, "hay que entender que es un contrato entre partes. Solo generó daños esa ley. Se podrá pactar en cualquier moneda. La libertad monetaria es parte de lo que queremos avanzar". Esta postura propone un giro radical en la regulación de los contratos de alquiler, permitiendo a las partes involucradas negociar libremente cláusulas como plazos, aumentos e índices a aplicarse.
Si bien la derogación de la Ley de Alquileres podría traer beneficios en términos de flexibilidad contractual, es esencial no perder de vista los mínimos recaudos necesarios en los alquileres destinados a vivienda, donde está en juego un interés protegible: el hogar del locatario y su familia.
En cuanto a la reforma fiscal, Milei anticipa cambios profundos, prometiendo simplificar el sistema actual, que califica como una "tortura". La propuesta de apuntar a un acuerdo con las provincias para reducir los impuestos a menos de diez podría ser un alivio para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y emprendedores, sectores que a menudo se ven ahogados por la carga fiscal y la complejidad normativa.
La eliminación de impuestos y la simplificación de la estructura fiscal no solo podrían beneficiar a las pymes, sino también repercutir positivamente en los consumidores finales. Un menor peso impositivo en los eslabones intermedios de la cadena de consumo podría traducirse en precios más accesibles y, por ende, en un alivio para el bolsillo de los ciudadanos.
No cabe duda de que una reforma fiscal se vislumbra como inminente y necesaria. La propuesta de Milei busca poner fin a los parches normativos que caracterizan al sistema actual, aspirando a un esquema más simplificado, claro y con permanencia en el tiempo. La perspectiva de generar mayor productividad y transparencia en las leyes impositivas nacionales, provinciales y municipales es un objetivo loable que merece ser considerado en el debate público.
El desafío para el nuevo gobierno será equilibrar la búsqueda de la libertad contractual y monetaria con la protección de los intereses fundamentales de los ciudadanos, así como implementar una reforma fiscal que proporcione un ambiente propicio para el crecimiento económico y la prosperidad general. La atención está puesta en cómo estas propuestas se traducirán en políticas concretas y cómo impactarán en la vida cotidiana de los argentinos.
La autora de este articulo es Contador Público Nacional
