Los desafíos económicos de la contratación en blanco en Argentina: Un análisis detallado de costos para empleadores

En el complejo escenario laboral argentino, la contratación en blanco de empleados no solo implica un compromiso contractual, sino también una carga económica significativa para los empresarios y empleadores. Desde el salario bruto hasta las indemnizaciones por el cese del vínculo, diversos factores contribuyen al costo final que los empleadores deben afrontar, lo que, a su vez, influye en el precio final a abonar.

Para calcular con precisión el costo de un empleado, es esencial tener en cuenta varios factores generales y particulares. Entre los generales se encuentran el salario bruto, la jubilación, la obra social, el seguro de riesgo de trabajo y las cargas sociales, incluido el Fondo Nacional de Empleo. A estos se suman aspectos particulares, como los establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo, deducciones específicas del impuesto a las ganancias y beneficios adicionales otorgados por el empleador.

El método comúnmente utilizado para estimar el costo final del empleador implica sumar un 50% al salario neto del trabajador. Por ejemplo, si el salario neto es de $200.000, el costo final para el empleador sería aproximadamente de $300.000.

Los aportes y contribuciones juegan un papel crucial en esta ecuación. Los aportes, que se retienen del sueldo bruto del empleado, incluyen jubilación (11%), Pami (3%) y obra social (3%). Por otro lado, las contribuciones, que abona el empleador directamente, abarcan jubilación (16%), Pami (2%), obra social (6%), Fondo Nacional de Empleo (1.5%), seguro de riesgo de trabajo (0.5% a 5%) y aportes sindicales (alrededor del 2%), dependiendo del caso específico.

Además, existen impuestos provinciales sobre remuneraciones, como el caso de salud pública en la Provincia de Tucumán (2.5%). Prever posibles indemnizaciones en caso de cese del vínculo, gestionar contratos laborales y enfrentar las restricciones establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo son elementos adicionales que los empleadores deben considerar.

La rigidez de las leyes laborales, especialmente las relacionadas con las indemnizaciones por la extinción del vínculo, genera incertidumbre y reticencia entre los empleadores. La propuesta de una reforma integral de las leyes laborales, la estructura de costos o la creación de un fondo de desempleo financiado por los propios trabajadores durante su tiempo activo en la relación laboral podría ser beneficiosa. Estas medidas podrían incentivar la contratación en blanco, motivar a empresarios y trabajadores, y permitir que la mano de obra calificada y los nuevos profesionales consideren la opción de quedarse en su país. En definitiva, se trata de empoderar al trabajador, otorgándole la posición que merece para negociar su valioso aporte: la fuerza de trabajo.

La autora de este articulo es la Contadora Nacional Antonella Amaranti