Los cambios que Mahiques ordenó para el Código Penal y que de aprobarse impactarían en Mar del Plata: menos artículos, penas más duras y compromisos con EEUU

Desde que llegó al Gobierno, el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se planteó revisar todas las medidas que había dejado listas su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, sobre todo aquellas más urgentes, como los pliegos para cubrir vacantes en los tribunales o el nuevo Código Penal, sobre el cual pidió realizar algunas modificaciones para hacerlo más corto y técnico, aunque manteniendo la esencia original.

Recientemente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció a través de las redes sociales las iniciativas que el oficialismo va a impulsar en esta primera etapa de las sesiones ordinarias y en el listado está incluido este proyecto.

En este contexto, Mahiques se interiorizó en el tema y comenzó a pensar algunas mejoras para hacerle al texto original, que era bastante extenso y, a su entender, contenía algunas cuestiones que se podían simplificar.

El martes pasado, cuando se reunió con los miembros de la Corte Suprema, el ministro también conversó con ellos sobre el Código Penal y les pidió que le envíen algunas recomendaciones u opiniones.

Luego de ese encuentro, en la cuenta oficial de X de la cartera se precisó que ambas partes expresaron la “voluntad de seguir trabajando de manera coordinada, cada uno dentro de sus competencias, para fortalecer la independencia de la Justicia, garantizar la seguridad jurídica y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho”.

Asimismo, se comunicó con los integrantes de la comisión especializada a la que convocó el Gobierno para elaborar el texto, la cual ya venía trabajando sobre esta iniciativa desde la administración de Mauricio Macri.

El grupo está encabezado por el abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas Jorge Buompadre, acompañado por los jueces Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez, y los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.

Qué reformas se mantendrían en el proyecto

En este sentido, a pesar de los cambios, se suma una serie de nuevas figuras delictivas y endurecimiento de penas para delitos económicos, terrorismo, narcotráfico y áreas emergentes como delitos informáticos.

Entre los puntos centrales se mantiene la creación de tipificaciones como la estafa piramidal, las llamadas “viudas negras” (mujeres que engañan a personas simulando querer tener relaciones sexuales para entrar a los domicilios y robarles), los “motochorros” y la entradera bancaria.

Asimismo, se especifican algunos delitos financieros complejos, como el lavado de dinero con activos virtuales y nuevas modalidades ilícitas asociadas al crimen organizado y la tecnología.

En este sentido, se incluye un régimen penal específico para esta área, completo e integral, con sanciones para inside trading, agiotaje (especulación y manipulación de precios), balances falsos, intermediación sin autorización y cohecho financiero.

La iniciativa plantea, además, el combate al terrorismo y la criminalidad organizada, dentro de un esquema que contemplará asociación ilícita, adoctrinamiento, adiestramiento y encubrimiento autónomo.

Según pudo saber este medio, el abordaje de la violencia en espectáculos deportivos sumará penas por dopaje, corrupción y actos asociados a agrupaciones ilícitas en ese ámbito.

En tanto, en lo que respecta al narcotráfico, será abordado con un sistema escalonado que distinguirá entre producción, suministro, tenencia y tráfico de precursores.

Por otra parte, y cupliendo con lo que a Argentina se comprometió en el marco del acuerdo comercial con los Estados Unidos, el texto prevé cambios para adecuar la protección de la propiedad intelectual e industrial y sumará previsiones de crimen organizado en la fiscalización (controles judiciales más duros).

En materia de delitos informáticos, el texto trabajará la tipificación de hackeo, difusión no autorizada de imágenes, acceso ilegítimo, hurto informático y ataques contra sistemas esenciales.

Entre las normas que sobrevivieron a la revisión, están aquellas para castigar el accionar de funcionarios que afecten la estabilidad fiscal y monetaria, una medida de especial interés para la administración libertaria.

Por último, se introduce figuras penales para la crueldad animal, daños al patrimonio arqueológico, paleontológico y la fauna silvestre; para la discriminación y para el ingreso y permanencia ilegal de migrantes en territorio nacional.