La Justicia salió al cruce de los discursos que promueven respuestas violentas contra el delito

Tras las picantes declaraciones realizadas en Vencedores y Vencidos Radio por Emiliano Giri, presidente del PRO en Mar del Plata y dirigente cercano al intendente Agustín Neme, se conoció un comunicado interno del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Mar del Plata que expresó su preocupación por las voces políticas y dirigenciales que plantean respuestas violentas frente a la inseguridad.

El debate sobre cómo enfrentar el delito sumó en las últimas horas un nuevo capítulo en Mar del Plata. Luego de las fuertes declaraciones públicas de distintos dirigentes, entre ellas las formuladas por Emiliano Giri en Vencedores y Vencidos Radio que dijo: "A los delincuentes hay que cagarlos a tiros"; comenzó a circular entre jueces y funcionarios judiciales de la ciudad un comunicado del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales en el que se cuestionan aquellas expresiones que puedan alentar respuestas violentas o por fuera de las instituciones.

Según pudo confirmar este medio, el documento comenzó a circular a última hora de este jueves y plantea una postura institucional frente a lo que desde el ámbito judicial consideran manifestaciones de creciente preocupación.

Sin mencionar nombres propios, hechos concretos ni medios de comunicación, el comunicado hace referencia a “miembros del sector político que realizaron públicas manifestaciones llamando a una reacción violenta de la ciudadanía y tomando posición respecto de sucesos que se encuentran en plena etapa de investigación”.

Desde el Colegio de Magistrados advirtieron que este tipo de discursos pueden generar consecuencias sobre la convivencia social y remarcaron la necesidad de preservar los mecanismos institucionales previstos para investigar y juzgar los delitos.

En ese sentido, expresaron su “profunda preocupación frente a expresiones que puedan alentar la confrontación, exacerbar la conflictividad social o promover respuestas por fuera de los cauces institucionales”.

Pero el planteo judicial no se limita solamente a los llamados a adoptar respuestas violentas. El documento también cuestiona cualquier intento de ejercer presión sobre quienes tienen a su cargo las investigaciones y los procesos judiciales.

“Del mismo modo se pronuncia en cuanto a manifestaciones que intenten condicionar el desenvolvimiento de las instituciones encargadas de investigar y juzgar en cada caso”, sostiene el comunicado.

Un mensaje en medio del debate por la inseguridad

El pronunciamiento aparece en un momento en el que la inseguridad ocupa un lugar central en la agenda política y social de Mar del Plata. Los reclamos vecinales por robos, entraderas, asaltos y otros hechos delictivos se multiplicaron durante los últimos meses y generaron fuertes cruces entre dirigentes políticos, funcionarios y distintos sectores de la comunidad.

En ese contexto, comenzaron a ganar espacio discursos que reclaman medidas cada vez más severas contra los delincuentes, bajo una concepción de “mano dura” que, en algunas expresiones, avanza hacia planteos de respuestas por fuera de los mecanismos institucionales.

El comunicado judicial parece apuntar precisamente contra ese límite: la necesidad de combatir el delito sin poner en cuestión el Estado de Derecho ni habilitar mecanismos de violencia social.

La advertencia de los magistrados

En el tramo final del documento, el Consejo Directivo del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales reafirma su “compromiso con la convivencia democrática, el respeto irrestricto por las instituciones y la resolución pacífica de los conflictos”.

Además, convoca a quienes tienen responsabilidades públicas a actuar con prudencia frente a una problemática que genera preocupación y temor entre los vecinos.

El mensaje llega así en medio de una fuerte discusión política sobre la inseguridad y el rol del Estado. Mientras algunos sectores reclaman respuestas más contundentes y una mayor presencia policial, desde la Justicia advierten que la búsqueda de soluciones no puede traducirse en acciones que promuevan la confrontación o pretendan reemplazar los procedimientos institucionales.

Por ahora, el Colegio de Magistrados no identificó públicamente a los dirigentes a los que alude. Sin embargo, el comunicado instala una señal política e institucional clara: la lucha contra el delito no puede quedar desligada del respeto por las instituciones, las investigaciones judiciales y la vigencia del Estado de Derecho.