La Justicia rechazó una medida cautelar solicitada por la Federación de Taxis que buscaba suspender las apps de viajes.

El Tribunal entendió que no estaban dadas las condiciones jurídicas para avanzar con una medida cautelar de ese alcance.


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El Tribunal del Trabajo N°4 de Mar del Plata rechazó una medida cautelar solicitada por la Federación de Taxis que buscaba suspender de manera inmediata la actividad de las plataformas de transporte como Uber  y otras que actualmente operan en la ciudad. La resolución judicial estableció que no corresponde disponer la “baja” ni la interrupción del servicio de las aplicaciones que hoy funcionan en Mar del Plata

Así mismo, el fallo notificó a la Municipalidad de General Pueyrredon para que continúe con las tareas de fiscalización y control previstas en la ordenanza municipal 23.928. Esa normativa contempla sanciones para el transporte de pasajeros sin habilitación y regula la actividad de los servicios que operan fuera del sistema tradicional de licencias.

Desde la comuna señalaron que la decisión del Tribunal no altera el esquema de actuaciones que el municipio viene desarrollando en los últimos años respecto de este tipo de servicios.

La Federación de Taxis había presentado un planteo para que la justicia ordenara la suspensión preventiva de las aplicaciones hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo. Sin embargo, el Tribunal entendió que no estaban dadas las condiciones jurídicas para avanzar con una medida cautelar de ese alcance.

Desde el palacio comunal destacaron que la resolución reafirma la competencia del gobierno local para aplicar la ordenanza y sostener la política de fiscalización. Remarcaron que la situación “no modifica en nada” la práctica que se viene realizando con controles, actas y sanciones en casos de transporte de pasajeros sin habilitación.

El conflicto entre los taxistas y las aplicaciones de transporte se mantiene desde hace varios años en Mar del Plata, con presentaciones judiciales, protestas en la vía pública y reclamos sectoriales y con este fallo, la discusión de fondo continuará en sede judicial, mientras el municipio mantiene su potestad de controlar el cumplimiento de la normativa vigente

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