Escándalo y freno judicial: suspendieron el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia
A pocos dias de su entrada en vigencia.
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La Justicia bonaerense ordenó suspender preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado en representación de adolescentes privados de su libertad.
La resolución fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, tras una presentación realizada por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en favor de adolescentes alojados en establecimientos de privación de libertad de la provincia.
El fallo se conoció apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que incorpora al sistema penal a los adolescentes de 14 y 15 años y establece nuevas condiciones para la aplicación de penas.
Uno de los principales argumentos de la magistrada está relacionado con la capacidad de la Provincia para implementar el nuevo esquema, especialmente ante la posibilidad de que aumente la cantidad de jóvenes privados de su libertad y se extiendan los períodos de permanencia en los establecimientos.
La preocupación por las condiciones de alojamiento
La acción judicial fue impulsada por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo “en favor de los adolescentes privados de la libertad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires” y tomó como antecedente otro habeas corpus colectivo que ya tramitaba ante el mismo juzgado.
Ese expediente tenía como objetivo preservar los derechos de los adolescentes alojados en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora.
En su resolución, Pascual advirtió sobre las consecuencias que podría generar un eventual aumento de la población juvenil detenida sin una infraestructura adecuada.
“No respetar las condiciones mínimas de los derechos de los adolescentes detenidos tiene consecuencias futuras no deseadas para la propia sociedad”, sostuvo la magistrada.
En esa misma línea, planteó una advertencia sobre el impacto que podría tener el hacinamiento en los establecimientos destinados a jóvenes: “Hacinar ‘menores’, tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia”, señaló.
La jueza también remarcó que su responsabilidad dentro del sistema de Justicia Penal Juvenil no se limita a garantizar los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino que también incluye “preservar los intereses de la comunidad a la que deben regresar los jóvenes una vez cumplida la medida”.
Audiencia con funcionarios provinciales
Además de disponer la suspensión preventiva de la aplicación del nuevo régimen durante 60 días, la magistrada convocó a una audiencia para el próximo 16 de septiembre.
En esa instancia deberán presentarse responsables de las principales áreas del Poder Ejecutivo bonaerense vinculadas con la implementación del nuevo régimen y brindar información sobre las medidas adoptadas para poner en funcionamiento la nueva normativa.
De esta manera, la Justicia abrió un período de revisión sobre las condiciones con las que cuenta la Provincia para afrontar el nuevo escenario planteado por la legislación nacional, particularmente en materia de infraestructura, alojamiento y garantías para los adolescentes privados de su libertad.
La decisión judicial representa, así, un freno preventivo a la puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense y coloca nuevamente en el centro del debate la capacidad del Estado provincial para aplicar el nuevo esquema sin afectar los derechos de los jóvenes ni las condiciones de seguridad de la comunidad.
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