El Sindicato de Trabajadores Municipales denunció la grave situación institucional del municipio de Gral. Pueyrredon

El Sindicato de Trabajadores Municipales presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo por la “grave situación institucional” que atraviesa el municipio y que —según advirtieron— afecta de manera directa a los trabajadores y a la comunidad en general.

En el escrito, el gremio detalló que “los principales problemas denunciados son pago fuera de término, horas extras y ahora salarios abonados con retraso sin explicación y con riesgo de pagos desdoblados en los próximos meses”.

Los representantes del sindicato remarcaron que la crisis se refleja también en la prestación de los servicios. “Hay servicios paralizados, falta de insumos, planificación y conducción política en áreas esenciales, dejando a los trabajadores sin herramientas para responder a los vecinos”, denunciaron.

Además, señalaron el “uso inadecuado de fondos públicos”, mientras que “en áreas críticas que no tienen recursos, crecen los gastos en publicidad, consultorías externas y designaciones políticas sin concurso”. A ello sumaron “la caída de la recaudación por decisiones de gestión, la privatización del estacionamiento medido, la concesión del Polideportivo y la desarticulación de áreas claves que generan pérdidas millonarias”.

“El vaciamiento del Minella incluso deja a alumnos municipales sin educación física”, sostuvieron desde el sindicato, en referencia al cierre del estadio José María Minella.

Por todo esto el gremio decretó el estado de alerta y movilización, y advirtió que si no hay respuestas concretas podrían implementar “trabajo a reglamento” y limitar “el uso de herramientas y vehículos propios”.

Entre los reclamos, exigieron el pago inmediato del salario correspondiente a octubre, la garantía de abonar los sueldos en término a todo el personal, el fin de las designaciones políticas sin concurso, la recuperación de la recaudación perdida y un plan de gestión operativo real.

“Estas no son fallas aisladas —cerraron desde el gremio—. Estamos ante un modelo de gestión que pone en riesgo derechos laborales, la recaudación municipal y los servicios esenciales que necesita la comunidad”.