Dura crítica al manejo del PAMI: advierten por un “abandono institucional” a jubilados

La crisis en el sistema de atención del PAMI volvió a quedar en el centro de la escena tras un fuerte pronunciamiento del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, que cuestionó con dureza el rol del Estado en la gestión del organismo y alertó por el deterioro de la atención a los jubilados.

El conflicto se da en un contexto de creciente tensión a nivel nacional, con médicos de cabecera que iniciaron un paro de 72 horas en reclamo de mejoras en honorarios y condiciones laborales. Según denuncian, el nuevo esquema de pagos implementado por el PAMI resulta inviable para sostener la atención en consultorios.

En el centro de las críticas aparece la resolución 1107/2026, que eliminó la consulta presencial como unidad de ingreso. Para los profesionales, esta medida no solo desvaloriza el acto médico, sino que también diluye la relación entre médico y paciente, al establecer un sistema de pago fijo que agrupa múltiples prestaciones en un monto cerrado, sin contemplar la complejidad ni la carga real de trabajo.

El impacto económico es significativo: los honorarios mensuales por jornadas completas habrían caído de alrededor de $2.100.000 a $1.400.000, a lo que se suma la eliminación de incentivos por formación continua. Desde el sector advierten que esta combinación no solo precariza la labor médica, sino que también afecta la calidad del sistema al desalentar la capacitación profesional.

“El sistema presenta niveles críticos de desfinanciamiento”, señalaron desde el Colegio, al tiempo que calificaron los valores actuales de cápita como “una cifra indigna que no cubre ni los costos básicos de una sola consulta”. A esto se agregan deudas millonarias con prestadores, que profundizan la crisis.

En este escenario, crece la preocupación por la salida de profesionales del sistema. “El Estado está empujando a los prestadores a retirarse de las cartillas”, advirtieron, lo que podría traducirse en una menor oferta de atención para millones de afiliados.

Las consecuencias, según remarcan, recaen directamente sobre los jubilados. “Al asfixiar a los prestadores, el Estado está dejando a los jubilados sin cobertura real. Es un abandono de persona institucionalizado hacia la población más vulnerable de nuestro país”, expresaron con dureza.

Finalmente, la entidad subrayó la responsabilidad indelegable del Estado en garantizar el acceso a la salud: “La salud de nuestros mayores es una obligación constitucional”. Mientras tanto, el conflicto continúa escalando y expone una vez más las tensiones estructurales en uno de los sistemas más sensibles del país.