Denuncian una “tasa encubierta” y cobros indebidos a vecinos de General Pueyrredon

El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon para exigir al Departamento Ejecutivo el cese inmediato del cobro de la nueva Tasa de Alumbrado Público (TAP) a vecinos que se encuentran exceptuados y reclamar la devolución de los montos que, según denunciaron, fueron cobrados de manera indebida.

La iniciativa fue impulsada por el concejal Diego García, quien cuestionó la forma en la que el Municipio comenzó a aplicar el nuevo gravamen a través de las facturas de energía eléctrica emitidas por EDEA y cooperativas locales.

Desde la oposición señalaron que el cargo aparece bajo la denominación de “Ley 10.740”, lo que —según plantearon— ocultaría a los contribuyentes el concepto real del cobro aprobado dentro de la Ordenanza Fiscal vigente.

De acuerdo al planteo presentado, el cargo fijo rondaría los 6.000 pesos por inmueble y se calcularía de manera individual según las luminarias ubicadas frente a cada propiedad y las esquinas de cada manzana.

El proyecto advierte además sobre posibles irregularidades en la implementación de la tasa, que surge como un desprendimiento de la Tasa por Servicios Urbanos (TSU), que anteriormente incluía el servicio de alumbrado público.

Desde Unión por la Patria sostienen que la falta de un cruce adecuado de datos fiscales habría generado situaciones de doble cobro: por un lado, afectando a vecinos que ya abonaron la TSU de forma anualizada y que ahora volverían a pagar por el mismo servicio; y por otro, impactando sobre personas con discapacidad que cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y que cumplen con las condiciones socioeconómicas para acceder a exenciones municipales.

“Es una falta de transparencia total que perjudica directamente a los marplatenses y batanenses”, expresó García, quien cuestionó la política recaudatoria del gobierno municipal y afirmó que recibió numerosos reclamos vecinales tras advertir la situación públicamente.

El edil sostuvo que el Municipio “camufla un impuesto local detrás de una ley provincial” y reclamó que se informen con claridad los criterios utilizados para aplicar el cargo.