Caso Lucía Pérez: la Justicia fijó una condena de 23 años y descartó el femicidio
La nueva sentencia vuelve a colocar en el centro del debate judicial y social un caso que tuvo fuerte repercusión en todo el país.
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El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata estableció una pena única de 23 años de prisión para Matías Farías en el marco de la causa por la muerte de Lucía Pérez, ocurrida en octubre de 2016. La resolución se dictó tras la intervención de la instancia de Casación, que descartó la figura de femicidio.
El tribunal, integrado por los jueces Federico Cecchi, Paula Soulé y Fabián Riquert, condenó a Farías a 17 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes. A esa pena se le sumó una condena previa por comercialización de drogas, lo que derivó en la unificación de la pena en 23 años de cárcel.
La decisión se enmarca en lo dispuesto por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, que había anulado la prisión perpetua dictada en 2023 al considerar que no se pudo probar que la muerte de la joven haya sido un homicidio. En consecuencia, ordenó al tribunal de origen fijar una nueva pena en función del delito de abuso sexual agravado.
Durante el proceso, la defensa oficial, encabezada por Laura Solari, solicitó una pena de 8 años al sostener que no existió ni femicidio ni asesinato. En tanto, la fiscalía, representada por Carlos Russo, pidió 20 años de prisión, el máximo previsto para este tipo de delito.
Por su parte, la querella insistió en que el caso debía encuadrarse como femicidio y reclamó que se mantuviera la condena a prisión perpetua impuesta en el fallo anterior.
Farías permanece detenido en la Unidad Penal 44 de Batán y ya contaba con antecedentes, ya que había sido condenado por narcotráfico. Cabe recordar que en un primer juicio había sido absuelto por el delito de abuso sexual seguido de muerte agravada por la condición de mujer de la víctima.
La nueva sentencia vuelve a colocar en el centro del debate judicial y social un caso que tuvo fuerte repercusión en todo el país y que, a casi una década de los hechos, continúa generando controversias en torno a la calificación legal y la respuesta del sistema de justicia.

