Alerta en el sector porcino por invasión de carne proveniente de Brasil

La Federación Porcina Argentina (FPA) advirtió con preocupación el fuerte incremento de las importaciones de carne de cerdo durante septiembre, que alcanzaron los 125 millones de dólares y 4.600 toneladas, y puso el foco en Brasil al hablar de una “competencia desleal” de productos.

Según la entidad, el 97,8% de la carne importada provino de Brasil, y la mitad correspondió a bondiola, uno de los cortes más populares del consumo argentino. En términos equivalentes, esas 2.000 toneladas representan unos 2 millones de kilos de carne porcina, o cerca de 500.000 capones, el mismo volumen que se produce localmente en un mes.

Este ingreso masivo duplicó la oferta de bondiola en el mercado, afectando los precios y la rentabilidad de toda la cadena, especialmente de los despostadores y distribuidores.

Además, la Federación alertó por la competencia desleal de productos importados de menor calidad, que llegan congelados y con alto contenido de agua, perjudicando la percepción del consumidor y la imagen del producto nacional.

La situación se agrava por el uso de ractopamina, un promotor de crecimiento prohibido en más de 160 países -entre ellos, la Argentina-, pero permitido en Brasil. “Mientras nuestros productores sostienen un modelo natural y sustentable, deben competir en su propio mercado con productos más baratos elaborados bajo condiciones productivas no permitidas en el país”, señaló la entidad.

“El sector porcino argentino no pide subsidios, pide condiciones justas y previsibles”, enfatizó Agustín Seijas, director ejecutivo de la FPA. “Hace años que pedimos que nos saquen el pie de encima. No queremos beneficios especiales, queremos reglas que nos permitan invertir, producir más y competir en igualdad de condiciones. Para eso necesitamos que el Estado sea un aliado de la producción, no un obstáculo”, sostuvo.

La Federación también reclamó avanzar en un plan de erradicación de la enfermedad de Aujeszky, en coordinación con el Senasa y con financiamiento propio, cuya aprobación definitiva aún está pendiente.