Mar del Plata, ¿tierra de nadie? La violencia que avanza y la ausencia de controles

Mar del Plata vuelve a quedar frente a una escena que genera preocupación y enojo entre los vecinos: calles tomadas por la violencia, vehículos atacados, vidrios rotos, bicicletas robadas y colectivos obligados a modificar sus recorridos ante un grupo de personas que impuso, durante varios minutos, sus propias reglas.

El episodio ocurrió este lunes en el cruce de Juan B. Justo y Arturo Alió, donde un grupo de amigos y allegados de Sebastián Nazareno García, el adolescente de 16 años que murió luego de ser baleado por un comerciante en un hecho que es investigado por la Justicia, protagonizó serios disturbios.

Según se informó, los manifestantes apedrearon vehículos, rompieron vidrios y robaron bicicletas. La situación también afectó al transporte público: los choferes de los colectivos que circulaban por el sector fueron obligados a detener la marcha y desviar sus recorridos.

La postal resulta difícil de naturalizar. Una avenida convertida en escenario de tensión, vecinos y automovilistas intentando atravesar la zona, trabajadores del transporte impedidos de cumplir con sus recorridos y una sensación de que, por momentos, el espacio público queda a merced de quienes están dispuestos a imponer la violencia.

La llegada de un patrullero tampoco logró contener la situación. El móvil policial fue recibido a piedrazos y terminó retirándose del lugar.

Los incidentes provocaron además importantes complicaciones en el tránsito sobre Juan B. Justo, donde los automovilistas debieron circular bordeando la zona afectada. Finalmente, la situación se normalizó y no se registraron heridos ni daños de mayor relevancia.

Pero el interrogante permanece.

¿Dónde está la Policía? ¿Dónde están los controles? ¿Quién garantiza el orden en las calles?

La discusión no pasa solamente por este episodio puntual. Mar del Plata viene atravesando en las últimas semanas una creciente preocupación vecinal por hechos de inseguridad, robos, violencia y conflictos en distintos barrios. Y cada nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿los ciudadanos que cumplen las normas están quedando a merced de quienes las rompen?

El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a reclamar, expresarse y manifestarse. Pero ese derecho no puede transformarse en una autorización para atacar a terceros, romper vehículos, robar bienes, impedir la circulación o poner en riesgo a trabajadores y vecinos.

Una cosa es reclamar justicia por la muerte de un adolescente. Otra muy distinta es utilizar la violencia como mecanismo para imponer ese reclamo.

El desafío para las autoridades es precisamente ese: garantizar que nadie quede por encima de la ley, independientemente de las circunstancias que rodeen un hecho.

Porque cuando un grupo puede cortar una avenida, atacar un patrullero, obligar a colectivos a modificar sus recorridos y generar temor entre quienes circulan, la pregunta deja de ser solamente qué ocurrió en una esquina.

La pregunta pasa a ser quién manda en las calles.

Y si la respuesta termina siendo que mandan los violentos, los que amenazan, los que rompen o los que roban, entonces el problema excede largamente a un episodio puntual.

Mar del Plata necesita recuperar una premisa básica de cualquier sociedad organizada: la ley debe valer para todos. Los inocentes no pueden terminar siendo los que se esconden, desvían su camino, pierden su bicicleta, ven destruido su vehículo o dejan de circular por miedo.

Porque cuando los malos sobresalen y los buenos deben retroceder, algo más profundo que el tránsito de una avenida está fallando: el orden público.