Impulsan reforma del régimen penal juvenil en la Provincia para adecuarlo a la nueva ley nacional

El senador provincial Guillermo Montenegro presentó un proyecto para modificar el régimen de responsabilidad penal juvenil en la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de adecuarlo a la recientemente sancionada Ley Nacional 27.801.

La iniciativa busca avanzar en una “reforma integral” del sistema vigente, en línea con los nuevos estándares establecidos a nivel nacional, luego de que la normativa aprobada por el Congreso de la Nación Argentina redujera la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Según argumentó Montenegro, actualmente en uso de licencia como intendente de Mar del Plata, el objetivo es “actualizar un sistema que hoy resulta insuficiente para abordar una de las principales preocupaciones de los bonaerenses: la seguridad”.

El legislador sostuvo que la nueva ley nacional implica “un avance considerable en materia del régimen penal juvenil”, al promover un cambio de enfoque: de un esquema tutelar hacia uno basado en la responsabilidad penal de los menores por los delitos cometidos, con mayor participación de las víctimas en el proceso.

La propuesta no contempla la derogación total de la Ley Provincial 13.634, sino su reconfiguración. En ese sentido, Montenegro remarcó que la problemática de los delitos cometidos por menores “es un fenómeno instalado desde hace tiempo” y que se ha intensificado en los últimos años tanto en la provincia como en el resto del país.

Entre los principales ejes del proyecto, se destaca la necesidad de superar un sistema “fragmentado y desactualizado”, para dar paso a un modelo más coherente con principios como la legalidad, la proporcionalidad y la especialización.

Asimismo, la iniciativa incorpora herramientas concretas para mejorar la eficacia del sistema, como la especialización obligatoria de jueces y operadores judiciales, la conformación de equipos interdisciplinarios para abordar la complejidad social de los casos, y la creación de mecanismos de seguimiento y control de las medidas adoptadas.

“La falta de actualización normativa y de herramientas adecuadas limita la capacidad del Estado para intervenir de manera efectiva, generando un doble impacto negativo, tanto en términos de seguridad como en la posibilidad de reencauzar las trayectorias de los jóvenes en conflicto con la ley penal”, expresó el senador.

Finalmente, Montenegro subrayó que avanzar hacia un sistema “moderno, especializado y alineado con la normativa nacional” no es una opción, sino “una necesidad estructural” para la provincia.