El diputado provincial por Unión por la Patria (UP) y ex intendente de General Pueyrredon, Gustavo Pulti, ha iniciado un movimiento para llevar a cabo un juicio político contra el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert. Esto surge después de las declaraciones de Espert en las que exhorta a la población a no pagar impuestos en la Provincia de Buenos Aires.
Durante entrevistas periodísticas recientes, José Luis Espert declaró: “No hay que pagar los impuestos que ahora quiere (Axel) Kicillof, porque no nos da nada. Yo no los voy a pagar. Ni inmobiliario ni rural, porque también soy producto rural”. Estas palabras han generado un fuerte revuelo en el ámbito político y legal, ya que incitan a la evasión fiscal.
La denuncia contra Espert fue presentada por la abogada Valeria Carreras, quien reprochó al diputado su irresponsabilidad al instar a los ciudadanos a cometer delitos fiscales. Carreras señaló que los dichos de Espert no son inocentes y que buscan incitar a una población afectada por dificultades económicas a no cumplir con sus obligaciones fiscales.
La denuncia se sustenta en el artículo 209 del Código Penal, el cual establece penas de entre dos y seis años de prisión para aquellos que públicamente instiguen a cometer un delito determinado contra una persona o institución. Según la denunciante, los comentarios de Espert constituyen una incitación directa a la evasión fiscal y ponen en riesgo el cumplimiento de las leyes tributarias en la provincia.
El diputado provincial Gustavo Pulti respalda esta denuncia y ha manifestado su preocupación por las repercusiones negativas que pueden tener las palabras de Espert en la sociedad. Pulti argumenta que es necesario garantizar el respeto por el orden legal y la integridad de las instituciones, rechazando cualquier llamado a la violación de la ley.
El inicio del proceso de juicio político contra José Luis Espert marca un capítulo más en la controversia política y legal que rodea a sus declaraciones. La situación promete generar debate y análisis sobre los límites de la libertad de expresión y las responsabilidades de los representantes políticos en la promoción del cumplimiento de la ley.
