El municipio de Mar del Plata implementó una ordenanza que sanciona con multas, que van desde los 50 a los 70 sueldos mínimos municipales, a los vecinos que eligen vender su propiedad a través de una inmobiliaria RE/MAX. La medida avanza contra los derechos del consumidor y obstaculiza también la iniciativa de emprendedores locales que eligen trabajar con la marca. Además, va en contra de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia nacional.
La Ordenanza Nº 25029 sigue recibiendo críticas por parte de varios sectores de la sociedad marplatense, por su carácter ilegal y por considerarla a la medida de lo solicitado por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata. Porque si bien hace referencia a “franquicias, licencias y marcas” en plural, la medida está especialmente dirigida contra RE/MAX.
La red que brinda servicios complementarios a inmobiliarias enfrenta desde hace años los embates de los Colegios de martilleros que presionan por distintas vías para sacar a la marca del mercado. Las persecuciones a quienes eligen trabajar con la marca comenzaron cuando la Inspección General de Justicia (IGJ), a instancias del Colegio de Martilleros de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), sacó una resolución que establecía su disolución. El caso terminó cuando la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dejó sin efecto la resolución contra RE/MAX por considerarla “una decisión arbitraria, infundada y dictada en exceso de las facultades de la IGJ”.
Luego, en 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió convocar a audiencia pública para analizar los conflictos sistémicos suscitados entre los Colegios de corredores y las empresas que brindan servicios complementarios a la actividad inmobiliaria. Hasta que esto no suceda y dicho organismo no se expida oficialmente sobre el caso, toda ordenanza o normativa sancionada contra la operatoria de estas empresas queda sin efecto y sería considerada como ilegal. En este sentido, sorprende que el intendente Guillermo Montenegro, como ex juez federal, sostenga una iniciativa vulnera lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero más allá del complejo entramado jurídico del caso, la normativa está vigente y sigue generando polémicas y reacciones de diversos actores afectados. Así lo hicieron público en su momento desde la Cámara Argentina de Publicidad en Vía Pública, cuando se pronunciaron en contra de la normativa y expresaron al intendente Montenegro que “habilitar estas restricciones para una actividad legal, en un mercado deprimido, es atentar contra la supervivencia de las empresas y de las familias que de ellas dependen”.
Especialistas en el tema advirtieron que los municipios no tienen facultades para legislar sobre cuestiones de fondo en materia de publicidad y argumentaron que debe ser el Congreso Nacional quien legisle al respecto o, en su defecto, es la Justicia quien debe determinar cuándo un tipo de publicidad es legal o ilegal.
No obstante, esta preocupación, las críticas al accionar del municipio también llegan desde el propio sector de los martilleros, tanto de aquellos que eligen a las franquicias como los tradicionales. Para los martilleros independientes significa un duro golpe porque afecta directamente su libertad de trabajo y de elegir qué servicios contratar. Este grupo sostiene que la ordenanza va en contra de los ideales emprendedores y de la libertad para ejercer el comercio o una actividad lucrativa lícita.
Además, los vecinos multados con sumas exorbitantes por intentar vender sus propiedades perciben que la medida, impuesta de manera ilegal, solo tiene un fin recaudatorio.
Al respecto, Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, reconoció que “no está prohibida la instalación de franquicias en la ciudad” y que la prohibición de la publicidad en la vía pública apunta a proteger a los ciudadanos que quieren comprar o vender una propiedad”.
Las declaraciones de Rossi no cayeron bien entre los marplatenses. Desde los vecinos afectados le recordaron al dirigente martillero que poco hacen por cuidar a los clientes y mucho menos a los cientos de turistas que cada temporada son estafados por inmobiliarias “truchas e ilegales” que la institución no controla, donde no hay ningún caso de estafa por parte de una marca franquiciada.
