Milei firma DNU para nuevo acuerdo con el FMI

 El monto del financiamiento no ha sido revelado, pero el decreto establece que el plazo de amortización será de diez años, con un período de gracia adicional de cuatro años y seis meses.

Según el DNU, publicado en el Boletín Oficial, los fondos tendrán dos principales destinos. Una parte será utilizada por el Tesoro argentino para recomprar títulos públicos, conocidos como Letras Intransferibles en dólares, en cartera del Banco Central. Esta medida busca sanear el balance de la entidad, cuyas reservas son limitadas. La otra parte de los nuevos créditos se aplicará a cancelar vencimientos de deuda con el FMI, organismo al que Argentina adeuda actualmente unos 41.363 millones de dólares.

El decreto no brinda detalles adicionales sobre los términos y condiciones del acuerdo, que se encuentra en negociación desde finales de 2024. No obstante, el Gobierno justifica la medida en la necesidad de consolidar la estabilización macroeconómica y fortalecer las reservas monetarias del Banco Central.

El DNU entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y ha sido remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su revisión. Sin embargo, el oficialismo es minoritario en ambas cámaras, por lo que se espera un intenso debate parlamentario y posibles impugnaciones judiciales.

Líderes opositores han cuestionado la constitucionalidad del decreto, argumentando que contradice la ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada en 2021 bajo el gobierno de Alberto Fernández. Esta norma establece que cualquier operación de crédito con el FMI debe ser aprobada expresamente por el Congreso mediante una ley.

Desde la oposición sostienen que Milei debió haber enviado un proyecto de ley al Parlamento para su debate y eventual aprobación en ambas cámaras. En su defensa, el Gobierno argumenta en el decreto que la ley de 2021 no obliga al Congreso a evaluar los términos concretos de los acuerdos, sino solo a aprobar legalmente la operación de crédito.

El Ejecutivo también fundamenta la urgencia del decreto en la necesidad de aprobar de inmediato las operaciones de crédito con el FMI para fortalecer la economía del país. No obstante, la discusión sobre la validez legal y política del DNU promete ser un punto de conflicto en el ámbito legislativo y judicial.