Más policías, los mismos problemas: una política de seguridad que no alcanza

El reciente egreso de 1.547 nuevos oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por el gobernador Axel Kicillof junto al ministro de Seguridad Javier Alonso en la Escuela Juan Vucetich, vuelve a poner en escena una estrategia repetida: aumentar la cantidad de efectivos como respuesta central al problema de la inseguridad.

El discurso oficial insiste en la inversión en equipamiento, infraestructura y capacitación como pilares para “transformar” la fuerza y devolverle prestigio. Sin embargo, la realidad cotidiana en la Provincia de Buenos Aires muestra que el problema es mucho más profundo y difícil de resolver que sumando uniformes a la calle.

El punto más incómodo —y a la vez más evidente— es que el Estado evita discutir una cuestión estructural: gran parte de quienes ingresan a la fuerza lo hacen empujados por la necesidad económica más que por una vocación de servicio. No se trata de desmerecer a los nuevos efectivos, sino de entender que una política pública basada en urgencias sociales difícilmente pueda construir una institución sólida, profesional y confiable.

Cuando el ingreso a la policía se convierte en una salida laboral más dentro de un mercado de trabajo precarizado, el resultado suele ser previsible: formación acelerada, escasa preparación para escenarios complejos y una institución que arrastra problemas históricos sin resolver. En ese contexto, pretender que más agentes en la calle se traduzcan automáticamente en más seguridad es, cuanto menos, una simplificación peligrosa.

A esto se suma otro factor crítico: los salarios. Con ingresos que muchas veces quedan por detrás de la inflación y condiciones laborales exigentes, la profesión pierde atractivo para perfiles altamente capacitados y consolida un círculo vicioso. Malos sueldos, menor exigencia en el reclutamiento y dificultades para sostener estándares de calidad terminan impactando directamente en el desempeño de la fuerza.

Los resultados están a la vista. A pesar de los anuncios y de las sucesivas incorporaciones, la percepción de inseguridad sigue siendo alta y los índices delictivos no logran una reducción sostenida. La distancia entre el relato oficial y la experiencia cotidiana de los ciudadanos se agranda, alimentando la desconfianza hacia las instituciones.

El problema no es incorporar nuevos policías. El problema es creer que eso, por sí solo, alcanza. Sin una reforma profunda que aborde la formación, los criterios de selección, las condiciones salariales y el control interno de la fuerza, cualquier aumento en el número de efectivos corre el riesgo de ser apenas un parche.

La seguridad no se construye únicamente con presencia policial. Requiere planificación, profesionalismo y, sobre todo, una decisión política de enfrentar las causas estructurales del delito. Mientras eso no ocurra, cada nueva camada de egresados será presentada como una solución, aunque en la práctica solo confirme que el problema sigue intacto.