El oficialismo acelera la privatización del Parque de los Deportes pese a cuestionamientos opositores

El Bloque con mayoría en el Concejo Deliberante avanzó en el proceso de privatización de los principales escenarios deportivos de Mar del Plata al aprobar, con mayoría automática en la comisión de Deportes del Concejo Deliberante, el expediente que permite la concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo “Islas Malvinas” y otros sectores del Parque Municipal de los Deportes Teodoro Bronzini. La votación recibió el respaldo de los bloques del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, a pesar de los cuestionamientos y las abstenciones de los bloques opositores.

Durante la reunión, la oposición, integrada por concejales de La Libertad Avanza, el Frente Renovador y Unión por la Patria, expresó su preocupación por la celeridad del tratamiento. Los informes solicitados al Ejecutivo fueron entregados apenas horas antes de la votación, lo que dejó poco margen para su análisis y para responder a las dudas planteadas previamente. Ante esta situación, los bloques opositores solicitaron que el expediente permaneciera en la comisión al menos una semana más, con el objetivo de examinar la documentación en detalle. Sin embargo, el oficialismo rechazó la propuesta y procedió con la votación.

El expediente en cuestión autoriza al Departamento Ejecutivo a realizar un llamado a licitación pública para concesionar no solo los estadios Minella e Islas Malvinas, sino también los “espacios comunes y necesarios para el cumplimiento del objeto de la concesión” ubicados dentro del Parque de los Deportes. De concretarse la concesión, se permitiría la explotación privada de estas instalaciones públicas, lo cual ha generado divisiones en el Concejo Deliberante y en la comunidad marplatense.

Los defensores de la medida argumentan que la concesión permitirá la modernización y el mantenimiento de estos espacios sin recurrir a fondos públicos. Sin embargo, los sectores opositores y algunos ciudadanos temen que la privatización pueda limitar el acceso y el uso de estos espacios para los residentes locales, comprometiendo su función pública.

La decisión marca un avance en la concesión de estos patrimonios de la ciudad, que podrían cambiar de manos en un futuro próximo en un contexto de controversia y debate sobre el manejo de los bienes públicos.