El debate sobre la educación pública y las declaraciones del presidente Milei: ¿justicia fiscal o ataque velado a la universidad?

Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei respecto a la universidad pública y el arancelamiento han generado un acalorado debate que toca fibras sensibles en la sociedad argentina. En sus palabras, Milei buscó aclarar que la universidad seguirá siendo "pública y no arancelada", pero en el mismo discurso lanzó cuestionamientos acerca de quiénes realmente se benefician de este sistema y quiénes lo financian, sosteniendo que los que no asisten son los que terminan pagando la educación de los que sí lo hacen. Estas declaraciones, aunque revestidas de una lógica económica, revelan una perspectiva preocupante sobre el rol del Estado en la educación y la visión de la universidad como un bien más que un derecho.

Milei parece apuntar a una justicia fiscal en sus afirmaciones, al destacar que la universidad pública no es gratuita, sino que es pagada por los contribuyentes, muchos de los cuales nunca acceden a sus beneficios. Si bien es cierto que los fondos públicos provienen de los impuestos que aportan todos los ciudadanos, también es indiscutible que la educación pública —en todos sus niveles— es uno de los pilares sobre los cuales se construye una sociedad más justa y equitativa. El argumento de Milei olvida que la educación, lejos de ser solo un gasto, es una inversión a largo plazo que genera beneficios colectivos. La universidad pública ha sido históricamente una herramienta de movilidad social en Argentina, permitiendo que personas de diversas clases sociales accedan a una formación de calidad sin importar su origen económico.

El foco que Milei pone en la auditoría de las universidades también merece ser analizado. Nadie discute la importancia de garantizar que los fondos públicos sean utilizados de manera eficiente y transparente. Sin embargo, plantear que la resistencia a las auditorías proviene exclusivamente de sectores “sucios” que buscan ocultar corrupción resulta, como mínimo, reduccionista. No todas las críticas hacia las políticas del gobierno son fruto de intereses oscuros; muchos sectores ven en estas declaraciones un ataque velado a la autonomía universitaria y una deslegitimación de uno de los logros más importantes del Estado argentino.

El presidente parece insinuar que la universidad pública es una suerte de "nido de corruptos" y que quienes la defienden lo hacen para proteger sus propios intereses. Esta generalización es peligrosa. Las universidades públicas, como cualquier institución, pueden tener fallas en su administración, pero esto no justifica demonizar a todo el sistema o a quienes lo integran. El riesgo de estas afirmaciones es que alimentan una narrativa que desvaloriza a la educación pública, poniendo en tela de juicio su valor y utilidad.

Detrás del debate sobre la auditoría y el financiamiento, existe una cuestión más profunda: la concepción misma de la universidad. ¿Es la educación un derecho que el Estado debe garantizar para todos, o es un servicio que debe financiarse solo por quienes lo usan? Esta dicotomía es engañosa, ya que ignora el impacto positivo que la educación superior tiene sobre el conjunto de la sociedad. Una población más educada y formada genera más innovación, desarrollo, y, en última instancia, mayor bienestar social. La universidad pública, gratuita y de calidad, no es un lujo ni un capricho; es una base sobre la que se construyen sociedades más equitativas y prósperas.

Milei dice que la educación no es gratuita, y en cierto sentido tiene razón: no lo es. Pero el verdadero debate debería centrarse en el valor que como sociedad le damos a esa inversión. Si empezamos a medir la universidad pública solo en términos de quién paga y quién se beneficia, corremos el riesgo de perder de vista su importancia como herramienta democratizadora. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que la educación superior siga siendo accesible para todos, independientemente de su nivel socioeconómico. Y en ese sentido, el discurso del presidente deja más dudas que certezas sobre el futuro que proyecta para uno de los logros más preciados del país.

En conclusión, si bien la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos es un tema clave, reducir el debate de la universidad pública a una cuestión de “quién paga y quién se beneficia” es peligroso. Es necesario defender y mejorar la educación pública, no desmantelarla bajo el pretexto de eficiencias fiscales. La universidad no es solo un gasto que hay que recortar o auditar; es, antes que nada, una inversión en el futuro de la Argentina.