Montenegro: "Lo que esta mal es que una comisión bancada por la provincia defienda a los chorros".

El secretario de Seguridad del municipio, Rodrigo Goncálvez, participó este lunes en Tribunales de una audiencia en el marco de la denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contra la Patrulla Municipal, por presuntos hechos de violencia estatal contra cuidacoches y personas en situación de calle.

La presentación fue realizada a principios de abril por representantes de la CPM, organismo presidido por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. En ella se detalla lo que consideran una política sistemática de hostigamiento, represión y discriminación hacia personas vulnerables, en particular trabajadores de la economía informal como limpiavidrios y cuidacoches. Según el informe, las acciones forman parte de un accionar sostenido por el Ejecutivo municipal, encabezado por el intendente Guillermo Montenegro, quien en reiteradas ocasiones ha calificado a estos grupos como “fisuras” y “delincuentes” en sus redes sociales.

Durante la audiencia, Goncálvez estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola. Al finalizar el encuentro judicial, el intendente Montenegro dialogó con la prensa y cuestionó con dureza la presentación de la CPM. “Está claro que nosotros defendemos a los marplatenses, al que labura, y no defendemos chorros”, sostuvo. Además, acusó al organismo de actuar con motivaciones políticas: “Cuando hay una Comisión, financiada por la provincia, que toma la decisión de denunciar para seguir cuidando a los chorros, eso está mal. Si tengo que llegar a la Corte lo seguiré haciendo para cuidar a los vecinos de la ciudad”.

Montenegro también denunció la supuesta llegada de personas enviadas desde otros distritos para “generar caos” en la ciudad. “Ahora mandan gente a Mar del Plata para que polulen por las calles. Eso no lo vamos a permitir”, afirmó. Y añadió que “en este último mes, casi 30 personas que identificamos tenían pedido de detención. Con esto lidiamos”.

La CPM, en tanto, sostiene que las políticas municipales hacia las personas en situación de calle y trabajadores informales representan una violación a los derechos humanos y que las acciones de la Patrulla Municipal deben ser investigadas en profundidad.

La causa sigue en curso, y se espera que en las próximas semanas haya nuevas instancias judiciales para determinar la responsabilidad de los funcionarios y el alcance de las políticas denunciadas.