Los Concejales votan si le dan la responsabilidad a Montenegro para que defina el precio del transporte de colectivos

El Concejo Deliberante de la ciudad de Mar del Plata se prepara para definir nuevamente si cede al intendente Guillermo Montenegro la facultad de fijar la tarifa del transporte público de pasajeros. Esta decisión recaerá sobre el interbloque mayoritario, conformado por los bloques de Vamos Juntos, la UCR y la Coalición Cívica, quienes, según se prevé, cuentan con los votos necesarios para otorgarle al jefe comunal dicha atribución hasta fin de año.

De concretarse esta medida, Montenegro será nuevamente el encargado de determinar el valor del boleto, tal como ocurrió a lo largo de todos los años de su gestión. El dato no es menor, ya que se espera que, tras este paso, se aplique un incremento en la tarifa.

Según el estudio de costos elaborado por el área de Transporte del municipio, la tarifa plana del colectivo debería ascender a $1.360,14, lo que implicaría un aumento del 15,27% respecto de los $1.180 actuales. Este ajuste se justifica, en parte, por el impacto económico de la caída de la demanda postpandemia, que, si bien mostró signos de recuperación, no ha logrado consolidarse en términos estables.

El informe elaborado por la municipalidad destaca que durante el año pasado se transportaron 71,55 millones de pasajeros, de los cuales el 20,59% viajó sin costo alguno, ya que corresponde a estudiantes, docentes y personas con discapacidad. Este porcentaje de gratuidad representa un aumento en comparación con el 12,15% registrado en 2019.

Además, el estudio revela que el 39,92% de los pasajeros accede al boleto a tarifa social, mientras que el 39,49% abona la tarifa completa. A pesar de algunos indicios de recuperación en ciertos períodos, el informe subraya que el transporte público aún enfrenta caídas en su eficiencia, lo que dificulta una recuperación sostenida en el tiempo.

La definición sobre la delegación de facultades al intendente será clave en los próximos días, ya que la decisión tendrá un impacto directo en la economía de los usuarios del transporte público, que deberán afrontar un nuevo aumento en un contexto de recuperación parcial tras la pandemia.