Con el inicio de diciembre, los precios de los combustibles experimentaron un nuevo incremento, reflejado en los surtidores desde este domingo. El ajuste, que oscila entre el 1,8% y el 2,88% dependiendo de la región y la empresa, marca el segundo mes consecutivo de suba tras la baja registrada en octubre debido a la caída de los precios internacionales.
Este aumento responde a varios factores combinados. Por un lado, la devaluación mensual del tipo de cambio oficial sigue presionando sobre los costos internos. Por otro lado, el alza en el precio del barril de petróleo en los mercados internacionales también impacta directamente en el valor final al consumidor. Además, desde este 1 de diciembre, entró en vigencia un aumento del 1% en el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono, oficializado a través del Decreto 1059/24.
En un contexto de elevada inflación, este ajuste suma presión a los bolsillos de los consumidores y a los costos del transporte, lo que podría repercutir en una nueva escalada de precios en bienes y servicios esenciales. Especialistas advierten que estos incrementos podrían sostenerse en los próximos meses si continúan las tensiones cambiarias y la volatilidad en los mercados internacionales de energía.
Empresas del sector justificaron el aumento señalando que responde a "factores macroeconómicos y a obligaciones fiscales". Sin embargo, consumidores y organizaciones críticas denuncian la falta de previsibilidad en los precios y su impacto en la economía diaria.
El panorama plantea desafíos para el gobierno, que deberá equilibrar los objetivos fiscales con la necesidad de moderar el impacto de los ajustes en una sociedad cada vez más afectada por la pérdida de poder adquisitivo.
