Las empresas eléctricas y el Estado se alinearon en beneficio de sus propios ingresos

El fallo judicial que congeló las subas de luz de entre un 1,5% y un 3,5% fijadas a partir de julio —y que obligaba a devolver lo cobrado de más a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense, al frente de Guido Lorenzino, por la falta de audiencias públicas desde hace diez años— fue apelado formalmente por el Gobierno provincial y las cuatro distribuidoras electricas que operan en el territorio (EDEA, EDEN, EDES y EDELAP), por lo que la decisión final se halla en manos de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata.

Una nueva dualidad se forma en la Provincia de Buenos Aires, lo cual mantiene expectantes a millones de bonaerenses debido a la incertidumbre respecto del costo del servicio público. Una nueva carga, o un frente de preocupación, se les suma a las familias que ya deben atender la inflación, el salario, las deudas, el trabajo, los hijos y las elecciones del año entrante.

En su presentación judicial, tanto la Fiscalía de Estado bonaerense como las empresas prestadoras argumentaron que no era obligatoria la realización de una audiencia pública para autorizar esta actualización tarifaria. El objetivo central de las distribuidoras es lograr que la apelación sea concedida con efecto suspensivo, lo que les permitiría volver a aplicar los incrementos de forma inmediata mientras la Justicia define la cuestión de fondo.

Mientras tanto, la resolución del tribunal marplatense genera expectativa no solo en los usuarios residenciales, sino también en las cooperativas eléctricas del interior bonaerense, las cuales también habían quedado alcanzadas por la orden de congelar las tarifas y devolver lo facturado de más.