La Justicia ratificó la legalidad de la Tasa Vial que cobra el Municipio de General Pueyrredon

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata ratificó la legalidad y constitucionalidad de la Tasa Vial que aplica el Municipio de General Pueyrredon sobre el expendio de combustibles destinados a automotores y que tiene como objetivo generar recursos para la reparación y el mantenimiento de las calles del distrito.

La nueva sentencia fue firmada por el juez Simón Isaach, quien volvió a rechazar un planteo judicial contra el tributo. En este caso, la demanda había sido impulsada por representantes de la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Cargas (Cetac), entidad que cuestionó el mecanismo por considerar que se trata, en los hechos, de un impuesto encubierto y que, por lo tanto, carecería de validez.

El fallo se suma a una serie de resoluciones judiciales que, con el paso del tiempo, terminaron consolidando la vigencia de la tasa en el distrito.

La Tasa Vial comenzó a aplicarse en febrero de 2024 y desde entonces fue objeto de distintos cuestionamientos judiciales. Algunos de los primeros planteos habían obtenido resoluciones favorables a los reclamantes, pero posteriormente la Cámara de Apelaciones rechazó esos reclamos y mantuvo vigente el esquema implementado por el Municipio.

Actualmente, la tasa representa el 1,86% del valor del litro de combustible, tanto para las naftas como para el diésel, y se aplica sobre el expendio de combustibles para automotores.

El argumento central de quienes cuestionan la medida pasa por el impacto que genera sobre el costo final del combustible y por la discusión respecto de si el Municipio tiene facultades para establecer un mecanismo de estas características.

En ese marco, uno de los sectores que más ha objetado la tasa es precisamente el transporte, debido a que el combustible constituye uno de los principales componentes de sus costos operativos.

En el caso de Cetac, el planteo adquiere especial relevancia porque representa a empresas dedicadas al transporte de cargas, cuya actividad depende directamente del uso intensivo de vehículos de gran porte. El elevado consumo de combustible de camiones y unidades de transporte hace que cualquier porcentaje adicional sobre el precio tenga una incidencia concreta en las estructuras de costos.