Feriantes revelan cómo funcionaba “La Saladita”: pagos millonarios y sin control

Luego del contundente operativo municipal que terminó con el desalojo y la destrucción total de los puestos en la feria de la Rambla Bristol, comenzaron a conocerse testimonios de los propios feriantes que arrojan luz sobre el funcionamiento interno del predio durante años.

Una de las vendedoras, con más de dos décadas en el lugar, aseguró que el sistema de trabajo estaba basado en pagos informales a un supuesto administrador. “Yo en esta feria estoy hace 25 años y pagando. En el verano pagué 3 millones por mes”, relató, dejando en evidencia el volumen económico que se manejaba en el circuito.

Según su testimonio, los cobros no contaban con ningún tipo de respaldo formal. “No te dan ningún recibo, todo en negro”, afirmó. Además, explicó que muchos feriantes no podían afrontar montos mensuales completos, por lo que optaban por pagos diarios: “Les pago por día porque no puedo pagar más, les entrego 100, les entrego 200”.

Las declaraciones abren una serie de interrogantes sobre el funcionamiento de la feria durante los últimos 25 años, en un espacio público de alta visibilidad y circulación turística. La magnitud de los montos mencionados y la ausencia de controles formales ponen el foco no solo en la informalidad, sino también en posibles responsabilidades que exceden a los propios vendedores.

El operativo que puso fin a “La Saladita” no solo significó el desmantelamiento físico del predio, sino también la irrupción de un debate que estaba latente: cómo pudo sostenerse durante tanto tiempo una estructura económica de estas características sin intervención efectiva.

Desde este espacio periodístico, surgen preguntas inevitables. ¿Por qué después de 25 años la actividad se terminó de manera abrupta? ¿Hubo un cambio en la mirada de la Justicia? ¿El Municipio tomó finalmente dimensión de que se trataba de un esquema ilegal? ¿O existieron decisiones internas que precipitaron el desenlace?

Mientras tanto, cientos de familias quedaron sin su fuente de ingresos de un día para el otro, en medio de un escenario que combina irregularidades, falta de regulación y posibles zonas grises en el control estatal.

El desalojo marcó un punto de quiebre. Pero lejos de cerrar la discusión, parece haber abierto una nueva etapa de cuestionamientos sobre lo que durante años funcionó a la vista de todos.