Tras el desalojo en la Rambla, crece la incógnita: ¿avanzará el Municipio sobre otras ferias informales?

Luego del impactante operativo que desmanteló la feria de la Rambla Bristol, el debate público en Mar del Plata se trasladó rápidamente a otros puntos de la ciudad donde funcionan espacios similares. En particular, las miradas se posan ahora sobre la feria de Plaza Rocha y la del barrio Belgrano, mientras crecen las especulaciones sobre si podrían correr la misma suerte.

La intervención en la costa, impulsada por la justicia federal y apoyada por  la gestión del intendente Agustín Neme, no solo significó el retiro total de los puestos y la incautación de mercadería, sino que también abrió una discusión más amplia sobre el uso del espacio público, la legalidad de las actividades comerciales y el impacto social de estas decisiones.

Desde el entorno municipal, el mensaje que comenzó a instalarse apunta a una idea central: no se trata de dejar a cientos de familias sin sustento, sino de ordenar y regular el uso del espacio público. Sin embargo, trasladar ese concepto a la práctica implica enfrentar una realidad compleja, donde la economía informal cumple un rol clave para muchos sectores.

En ese contexto, surge la gran pregunta: ¿está el gobierno dispuesto a avanzar sobre otras ferias históricas de la ciudad?

Los antecedentes no son menores. Durante la gestión de Guillermo Montenegro, el tema fue abordado en distintas oportunidades, aunque nunca se concretaron medidas de la magnitud del reciente operativo en la Rambla. Las dificultades sociales, la resistencia de los feriantes y el posible costo político terminaron por frenar cualquier intento de intervención de fondo.

Hoy, con un escenario político atravesado por internas y tensiones, la decisión de avanzar sobre espacios como Plaza Rocha o barrio Belgrano implicaría para Neme jugar una carta de alto riesgo. No solo por el impacto directo sobre quienes dependen de esas ferias, sino también por la reacción que podría generar en la opinión pública.

Para algunos sectores, replicar el modelo aplicado en la Rambla significaría consolidar una política de ordenamiento urbano. Para otros, en cambio, podría traducirse en un conflicto social de mayor escala si no se acompaña con alternativas concretas para los trabajadores afectados.

La clave, coinciden distintos actores, estará en cómo se gestione ese equilibrio: intervenir sin profundizar la exclusión. En definitiva, el desafío no es solo remover estructuras, sino reconfigurar un entramado social que lleva años consolidado.

La incógnita sigue abierta. Y en Mar del Plata, muchos ya se preguntan si el intendente estará dispuesto a mover una pieza tan sensible, asumiendo el costo político que implica en un momento particularmente delicado.