Spoiler alert: No quieren ayudar, quieren volver rápido al gobierno

Si se plantea ordenar el gasto, es “ajuste”. Si se busca promover inversiones, es “entrega”. Si se impulsa minería, petróleo, agroindustria o biotecnología, aparece el discurso del saqueo, del agua, del extractivismo o de la soberanía, incluso antes de analizar la viabilidad concreta del proyecto. Si se plantea reducir estructuras ineficientes dentro del Estado para mejorar salarios, rápidamente aparece la acusación de “ajuste neoliberal”.

Si la alternativa es potenciar sectores estratégicos como hidrocarburos, surgen consignas sobre la defensa absoluta de los recursos naturales. Si se propone aumentar la producción agropecuaria mediante alivio impositivo o innovación biotecnológica, la respuesta inmediata pasa a ser el miedo a los daños ambientales o sanitarios, muchas veces sin siquiera entrar en la discusión técnica. Si el camino elegido es atraer inversión privada nacional o extranjera, enseguida aparece la idea de que se está “vendiendo el país”.

Hoy este fenómeno puede verse con claridad en debates centrales del gobierno de Mar del Plata y el gobierno nacional. Uno de los casos más visibles es el impulso a la minería y la flexibilización de trabas regulatorias para atraer inversiones, especialmente tras la reciente reforma sobre la Ley de Glaciares, que busca habilitar más actividad en zonas andinas con grandes reservas de cobre, oro y plata.  O el “impacto ambiental” del Enduro del Invierno en nuestras playas.

Por supuesto que toda actividad productiva debe tener controles ambientales serios, reglas claras y supervisión estatal. Eso no está en discusión. Lo cuestionable es cuando la respuesta política se limita al “no” automático, sin ofrecer un modelo alternativo que permita al país crecer.

Porque ahí aparece la contradicción central: se reclaman mejores salarios, más obra pública, universidades financiadas, jubilaciones más altas y un Estado presente, pero al mismo tiempo se combate sistemáticamente cada fuente potencial de ingresos genuinos.

No se puede exigir un Estado fuerte mientras se sabotean todas las actividades que pueden sostenerlo.

Ese es, en esencia, el problema de una parte de la política argentina: no discute cómo hacer viables las soluciones, sino cómo convertir cualquier propuesta en una trinchera ideológica.

La Argentina necesita debates maduros, no reflejos automáticos. Necesita corregir malas propuestas cuando haga falta, exigir transparencia, proteger recursos y cuidar el ambiente, sí; pero también necesita una dirigencia capaz de entender que sin producción, inversión y crecimiento no hay redistribución posible.

Cuando la política abandona la construcción y se especializa únicamente en bloquear, deja de ser oposición responsable para transformarse en una máquina de impedir. Y mientras esa lógica siga dominando la discusión pública, el país seguirá atrapado en la repetición infinita de sus crisis.