La Provincia de Buenos Aires autorizó nuevas bandas arancelarias para los colegios privados que reciben aporte estatal y los nuevos valores comenzarán a regir desde abril.
La información fue difundida por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), que comunicó a sus asociados la autorización oficial para actualizar los aranceles de los establecimientos que reciben subsidios para afrontar parte de sus gastos de funcionamiento. La medida se conoce en un escenario de tensión por los costos de funcionamiento en distintos sectores, en línea con otros reclamos recientes en territorio bonaerense, como el pedido de previsibilidad planteado por el sector de la construcción en Mar del Plata.
Según detalló la entidad, en el caso de los colegios privados de nivel inicial y primario, aquellos que cuentan con hasta 100% de aporte estatal para el pago de salarios docentes podrán cobrar hasta $32.880 mensuales. En cambio, los establecimientos que reciben hasta 40% de subsidio podrán cobrar hasta $148.660.
Para el nivel secundario, los valores autorizados irán desde $36.200 hasta $193.160, mientras que los institutos de educación Técnica, Agraria o Especializada en Arte tendrán bandas de entre $41.790 y $221.070, de acuerdo al nivel de subsidio que reciban.
El nuevo cuadro fue avalado a través de una comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. Desde Aiepa habían solicitado una actualización a partir del impacto de las paritarias cerradas por el Gobierno provincial con los gremios docentes en esta etapa del año.
La Provincia ya había autorizado en marzo un incremento del 3%, mientras que el último ajuste del año pasado había sido habilitado el 30 de septiembre y se aplicó durante el último trimestre del ciclo lectivo.
El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, señaló que estas adecuaciones se dan en un contexto complejo para el financiamiento de la educación de gestión privada. Según indicó, además del aumento de los salarios docentes, las instituciones deben afrontar otros costos fijos que también se incrementaron en los últimos meses.
Según indicó, se trata de un fenómeno que comenzó a profundizarse después de la pandemia y que responde a una combinación de factores. Entre ellos mencionó la caída de la natalidad, la disminución de la matrícula —con unos 300 mil alumnos menos en todo el sistema educativo en los últimos cuatro años—, el atraso de los aranceles, el aumento de las tarifas de servicios públicos y las dificultades económicas de muchas familias, lo que también hizo crecer los niveles de morosidad.
“Hay escuelas que no cerraron pero cuya situación es crítica, están endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales”, explicó Zurita.
Desde la entidad remarcaron además que en muchos casos los colegios deben afrontar subas salariales antes de contar con la autorización oficial para ajustar los aranceles.
En la provincia de Buenos Aires, el sistema de educación privada concentra cerca del 30% de la cobertura educativa y alcanza a más de 1,3 millones de alumnos. Además, alrededor del 70% de los colegios privados recibe algún tipo de aporte estatal, por lo que sus incrementos de cuotas deben contar con aval del Gobierno bonaerense.
En paralelo, los establecimientos que tienen arancel libre pueden definir aumentos por fuera de este esquema regulado.
Por último, desde el sector advirtieron que en los últimos años se registraron cierres de instituciones educativas privadas en distintos puntos de la provincia, así como también en la Ciudad de Buenos Aires y en La Plata.
