Baragiola reclama respuestas a IOMA por la crisis en el transporte para personas con discapacidad

La concejal Vilma Baragiola presentó un proyecto de resolución y comunicación en el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon para manifestar su preocupación por la crítica situación que atraviesa el sistema de transporte destinado a personas con discapacidad en el ámbito del Instituto de Obra Médico Asistencial.

La iniciativa surgió a partir de un planteo de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad del Partido de General Pueyrredon, que advirtió sobre un marcado deterioro en el funcionamiento de las prestaciones vinculadas al traslado de pacientes.

Entre las principales problemáticas señaladas figuran la falta de emisión generalizada de autorizaciones correspondientes al año 2026, demoras e incumplimientos en los pagos por servicios ya prestados, e incluso deudas arrastradas desde 2025. Según se detalla en el proyecto, este escenario coloca a los prestadores en una situación de extrema gravedad, comprometiendo la continuidad del servicio.

Como consecuencia directa, numerosas personas con discapacidad ven afectado su acceso al transporte necesario para asistir a tratamientos médicos, terapias, instituciones educativas y centros de día, lo que implica —según remarcó la edil— una vulneración de derechos fundamentales vinculados a la salud, la inclusión y la calidad de vida.

“Estamos frente a una situación muy delicada. No se trata solo de un problema administrativo, sino de personas que no pueden llegar a sus tratamientos o a la escuela. El Estado no puede mirar para otro lado cuando se vulneran derechos tan básicos”, sostuvo Baragiola.

En la misma línea, la concejal agregó que “es urgente que la Provincia y IOMA den respuestas concretas, regularicen los pagos y garanticen la continuidad del servicio. No podemos permitir que quienes más lo necesitan queden a la deriva”.

El proyecto solicita al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que informe con carácter urgente sobre el estado de las autorizaciones, el detalle de las deudas existentes, los plazos de regularización de pagos y las medidas previstas para asegurar la continuidad del sistema.

Asimismo, se insta a las autoridades competentes a arbitrar los medios necesarios para garantizar el acceso efectivo a estas prestaciones, evitando la interrupción de tratamientos y actividades esenciales para las personas con discapacidad.