Avanza en el Concejo propuesta del Ejecutivo para designar tres jueces de Faltas con trámite exprés

En una movida con ribetes políticos, el Concejo Deliberante dio este lunes un paso clave: la Comisión de Labor Deliberativa —integrada por la presidenta del cuerpo, Marina Sánchez Herrero, y los presidentes de bloque— aprobó la propuesta enviada por el Ejecutivo para cubrir tres vacantes en los juzgados de faltas. Con el dictamen favorable, se habilitó su tratamiento en la sesión ordinaria prevista para este jueves.

Las ternas presentadas y los candidatos con consenso

El Ejecutivo municipal envió al Concejo un expediente cerrado con tres ternas, una por cada uno de los juzgados que pretende cubrir De esas ternas, los nombres con mayor consenso son:

Franklin Llan de Rosos para el Juzgado de Faltas N° 1 — fue subsecretario de Legal y Técnica durante el primer año del gobierno municipal.

Leandro Gabás, presidente del Colegio de Abogados, para el juzgado N° 5.

Paula Hernández, abogada, para el juzgado N° 2.

Actualmente, Mar del Plata tiene cinco juzgados de faltas: los juzgados N° 3 (a cargo de Pedro López Martucci) y N° 4 (Fernando Mumare) están cubiertos con jueces titulares.

En cambio, los juzgados N° 2 y N° 5 han operado con subrogancias rotativas desde 2018, cuando sus anteriores titulares renunciaron.A este panorama se suma ahora la jubilación de José Luis Oteiza, juez actualmente en funciones del juzgado N° 1, lo que genera una tercera vacante que debe cubrirse.

Un tratamiento veloz antes del recambio legislativo

La urgencia del Ejecutivo no es arbitraria: el oficialismo pretende cerrar estos nombramientos antes del 10 de diciembre, fecha en la cual se renovará la mitad del Concejo Deliberante y el bloque gobernante perderá la mayoría con el nuevo diseño legislativo.

El trámite está siendo llevado con celeridad: esta misma semana, luego del dictamen en la comisión (que no se trasmite públicamente), la propuesta pasará a discusión en la sesión del jueves con la intención de obtener la aprobación final.

Algunos analistas locales ya califican el proceso como un “nombramiento exprés”: una decisión política apurada, con poca visibilidad pública, pero con posibilidad concreta de avance dado el control legislativo del oficialismo.

Clave institucional y desafíos operativos

La necesidad de cubrir estas vacantes tiene un respaldo técnico: desde hace años los juzgados vacantes funcionan en forma subrogada, lo que implica mayores demoras en causas contravencionales y dificultades operativas en la justicia municipal.

El procedimiento de designación de jueces de faltas está regulado por la Ley 8751/77 y requiere que el Ejecutivo proponga candidatos con acuerdo del Concejo.  Para legalmente asumir, los candidatos deben reunir requisitos como ser argentino, tener título de abogado y al menos tres años de ejercicio profesional.

Para el oficialismo local, la operación ofrece un doble saldo: saldar una deuda pendiendo desde 2018 y dejar su huella institucional antes del recambio legislativo. Para la oposición, puede representar una imposición política con escasa participación ciudadana.

Este jueves será clave: allí se verá si el bloque gobernante logra consenso suficiente para ratificar los nombramientos, o si aparecerán objeciones en torno al modo de trámite, la selección de candidatos o la falta de audiencias públicas.